Apple acordó pagar millones de dólares a 34 estados por su controvertida práctica anterior de ralentizar deliberadamente los iPhones más antiguos para prolongar la duración de la batería.
La compañía pagará 113 millones de dólares para resolver una investigación de estados como California y Arizona sobre cómo Apple no fue transparente sobre los problemas de la batería de su iPhone que llevaron a apagados inesperados del dispositivo. En lugar de revelar el problema a los consumidores o reemplazar las baterías, lanzó una actualización de software en diciembre de 2016 que afectó el rendimiento de los modelos de iPhone más antiguos.
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